La reciente implementación de un plan de incentivos fiscales anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum busca revitalizar la industria cinematográfica mexicana, un sector que durante años ha enfrentado el éxodo de producciones hacia países con mejores beneficios fiscales. Con el respaldo de figuras destacadas del cine nacional como Salma Hayek, el gobierno ha establecido un crédito fiscal del 30% sobre el Impuesto sobre la Renta, con un límite anual de 40 millones de pesos por proyecto, siempre y cuando el 70% de los servicios utilizados sean de origen nacional. Este esfuerzo por sumar a México al fenómeno del «nearshoring» tiene como objetivo no solo aumentar el número de producciones locales y extranjeras en el país, sino también consolidar al cine como un motor económico capaz de generar empleo y derramas económicas significativas.
Este movimiento, que ha sido acogido con optimismo por miembros prominentes de la comunidad cinematográfica como la productora Mónica Lozano, también ha sido visto como un cambio necesario frente a sexenios anteriores que mantenían tensiones constantes con el sector cultural. La participación de Salma Hayek, quien enfatizó su compromiso con filmar en México y no en el extranjero, ha sido fundamental para catapultar este cambio. La administración de Sheinbaum también ha propuesto una nueva Ley Federal de Cine para garantizar espacio a la producción nacional tanto en salas como en plataformas digitales, intentando con ello robustecer el ecosistema cinematográfico local. Los cineastas y productores esperan que estos estímulos no solo atraigan más producciones, sino que también propicien un entorno favorable para el desarrollo de talentos locales y proyectos independientes, fortaleciendo así la identidad cultural del cine mexicano.
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