Hace un año, el Ayuntamiento de Madrid intensificó su ofensiva contra los grafitis incívicos mediante la creación de la Sección de Protección del Patrimonio Urbano (SEPROPUR) de la Policía Municipal. Los resultados han sido positivos, con la apertura de 264 expedientes, la presentación de 384 denuncias, 42 personas investigadas y casi 700 identificadas. Esta sección también ha realizado 200 vigilancias y remitido 117 atestados a juzgados de instrucción y nueve a la Fiscalía de Medio Ambiente por daños a edificios protegidos, según informó la vicealcaldesa Inma Sanz durante una visita a la sede de SEPROPUR.
SEPROPUR, que cuenta con 39 agentes trabajando en turnos que cubren las 24 horas del día, ha sido un proyecto clave para cumplir con compromisos electorales del consistorio, enfocados en preservar el patrimonio cultural y urbano. En sus primeros meses, ha superado significativamente el impacto de acciones anteriores, reflejado en el aumento de los atestados de 17 a 117 en el mismo periodo de comparación.
La estrategia de SEPROPUR incluye la elaboración de mapas de riesgo, el registro de imágenes y el análisis grafológico para identificar a los autores de los grafitis. También colaboran estrechamente con otras áreas del Ayuntamiento, como el Departamento de Limpieza y Zonas Verdes, para coordinar la restitución de daños. Su acción se extiende por toda la ciudad, con un foco especial en puntos particularmente vulnerables al vandalismo.
El refuerzo municipal no se ha limitado a la actuación policial. En septiembre de 2022, el Ayuntamiento lanzó patrullas antigrafitis, dotadas de más de seis millones de euros y 55 efectivos operativos, para responder de manera ágil a los avisos ciudadanos y eliminar pintadas de manera eficiente. Estos esfuerzos han impulsado una limpieza intensiva de más de 722.000 m² de fachadas solo en 2023, destacando un crecimiento del 124,5 % respecto al año anterior.
Los operativos de SEPROPUR han permitido realizar importantes intervenciones, como las denuncias a grafiteros por daños al patrimonio histórico en el Museo de América y en monumentos de la ciudad. Las sanciones por estos actos de vandalismo se han incrementado considerablemente, disuadiendo así a reincidentes y reforzando la protección de espacios emblemáticos. Las multas por pintadas pueden alcanzar hasta los 20.000 euros en casos acumulados, y delitos más graves están sujetos a acción penal, con penas de cárcel de hasta cuatro años.
La legislación actualmente vigente permite sancionar severamente estas infracciones, con multas que, desde 2019, han sido aumentadas para abarcar múltiples aspectos del mobiliario urbano y elementos de valor histórico o comercial. Estos esfuerzos destacan el compromiso del Ayuntamiento de Madrid por proteger su entorno urbano y preservar su patrimonio cultural frente a actos vandálicos.
