El Senado mexicano se convirtió en el centro de atención nacional al iniciarse el proceso para decidir los cargos de jueces y magistrados que serán sometidos a voto popular en junio de 2025, un hecho que sienta un precedente en el sistema judicial del país. Con más de 1,600 cargos judiciales programados para renovarse a través de esta novedosa metodología, el salón de plenos del Senado dejó de lado el tradicional debate para convertirse en el escenario de un peculiar sorteo con tómbola. Liderado por el senador Gerardo Fernández Noroña, el proceso sorteó los primeros juzgados que pasarán por las urnas, seleccionando al azar un total de 711 cargos que incluyen puestos de magistrados de distrito y jueces de distrito. La sesión se realizó en medio de un ambiente de tensión ya que los partidos opositores como el PAN y MC se ausentaron en desacuerdo con la reforma, mientras que el PRI asistió con la intención de asegurar la transparencia del proceso.
Fuera del recinto, la reforma judicial provocó una ola de descontento entre trabajadores del Poder Judicial, quienes se manifestaron en contra del nuevo sistema de elecciones por considerar que compromete la imparcialidad judicial. Mientras tanto, la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces anunció la conclusión de un paro laboral que se había extendido por más de un mes, indicando que sus miembros retornarían a sus actividades el 16 de octubre. En este contexto de cambio y controversia, el Instituto Nacional Electoral (INE) será el encargado de organizar el proceso electoral, marcando un hito en la democratización del Poder Judicial en México. La situación evidencia las divisiones políticas y las profundas repercusiones de una reforma que, según sus promotores, busca democratizar la justicia, pero que también plantea desafíos significativos respecto a la independencia judicial.
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