El Senado de Colombia ha dado luz verde a una reforma crucial al Sistema General de Participaciones (SGP), aumentando los recursos que la Nación destina a gobiernos locales y departamentales para áreas fundamentales como educación y salud. La propuesta apunta a modificar la Constitución de 1991, buscando una mayor descentralización y autonomía económica para las regiones. Aunque ha superado un primer obstáculo importante con 75 votos a favor y solo dos en contra, el proyecto requiere la aprobación de la Cámara de Representantes. El impulso detrás de esta reforma proviene del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien considera fundamental esta medida para cumplir con las promesas de la Constitución y fortalecer el papel de los territorios. El debate sobre el impacto económico ha generado tensiones, pero también ha alcanzado un consenso notable entre diversas fuerzas políticas.
La reforma al SGP plantea un incremento gradual del porcentaje de ingresos corrientes de la Nación destinados a las regiones, del 25% al 39.5% en un periodo de 12 años, contrastando con la propuesta inicial del 46.5% en 10 años. Este ajuste ha sido parte de una estrategia de negociación liderada por el senador Ariel Ávila para asegurar un balance entre las aspiraciones de descentralización y la viabilidad fiscal del país. Aunque la senadora Angélica Lozano sugirió un aumento del 37% en 10 años, su propuesta fue rechazada, destacando las preocupaciones sobre el desfinanciamiento estatal. El presidente Gustavo Petro expresó su respaldo a la reforma bajo ciertas condiciones, lo que refuerza su posible aprobación. Al avanzar hacia la discusión en la Cámara, donde el Gobierno posee una mayoría significativa, esta reforma se perfila como una victoria tanto para los promotores del proyecto como para la gobernabilidad del país, prometiendo un cambio trascendental en las relaciones económicas entre el Estado Central y las regiones.
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