Con septiembre llega a los hogares la segunda cuesta más complicada para las economías familiares después de la de enero. Tras los gastos vacacionales, llegan los de la vuelta al cole. Diversos comparadores financieros y asociaciones de consumidores, como la OCU, estiman que al desembolso veraniego se le pueden sumar ahora unos 500 euros de media por hijo en los gastos escolares.
Ante esta acumulación de gasto, muchas familias optan por financiar los pagos, lo que conlleva un aumento peligroso de sus deudas. Esta situación puede llevarlas a recurrir a opciones de crédito que representan más una trampa que una ayuda para afrontar estos desembolsos.
Una de las opciones más frecuentes para financiar este tipo de compras son las tarjetas revolving. Estas tarjetas son atractivas debido a su fácil acceso, incluso en establecimientos de compra habitual, y por la posibilidad de aplazar los pagos en cuotas que el contratante decide. Sin embargo, en la práctica, los usuarios se dan cuenta de que los intereses no dejan de crecer, terminando por pagar altas sumas por bienes como los libros de texto.
Iñigo Serrano, abogado de la Asociación Contra la Usura de Sociedades Acreedoras (ACUSA) y socio fundador de Sello Legal Abogados, explica que el problema de estas tarjetas radica en los intereses crecientes. «Se ceba a los consumidores con un tipo de interés pequeño mensual y el poder elegir la cuota a pagar, pero la realidad -y lo que no se les cuenta- es que sus intereses irán subiendo y acabarán siendo desorbitados, muy por encima de los intereses de cualquier otro tipo de créditos del mercado. Así, acaban afrontando intereses abusivos que rondan el 22% TAE, pudiendo superar incluso un 23%», detalla.
Estas prácticas abusivas han sido señaladas por el Banco de España, que recientemente multó con 2,7 millones a una entidad financiera por la gestión irregular de sus tarjetas revolving en 2018 y 2019. Y no es la única condena hasta el momento. «Casi a diario se están publicando sentencias condenatorias, sobre todo en lo referente a la falta de transparencia de las entidades a la hora de informar de las condiciones de sus tarjetas revolving», afirma Serrano, quien anima a cualquier persona que las haya contratado a demandar. «El 96% de los casos se ganan, y las sumas que se acaban devolviendo son importantes; una media de 1.200 euros por cada año que se haya estado pagando. Además, para los afectados, reclamar no supone adelanto de dinero. Sello Legal trabaja a éxito; solo cobra después de haber saldado la deuda».
Por ello, Serrano insiste en que se reclame cuanto antes. «Muchas personas reclaman estando al límite por ese abuso que suponen las tarjetas revolving. Y hay que evitar llegar a estas situaciones», concluye.
