Las estadísticas oficiales sobre homicidios en México presentan una disminución notable en comparación con años anteriores, con un reporte actual de 58.3 víctimas diarias, cifras que el gobierno asocia a la efectividad de la nueva estrategia de seguridad pública liderada por Omar García Harfuch bajo la administración de Claudia Sheinbaum. Esta estrategia se distancia de la política de «abrazos no balazos» del sexenio anterior. Sin embargo, esta aparente mejora en los números oficiales contrasta con la percepción pública de inseguridad, ya que según una encuesta reciente del Inegi, casi el 62% de la población aún se siente insegura en sus ciudades, cifra que no ha mostrado cambios significativos con respecto al año pasado, cuando los asesinatos eran mayores.
Esta dicotomía entre las estadísticas oficiales y la percepción ciudadana plantea serias dudas sobre la transparencia y precisión en el registro de datos de homicidios y desapariciones. Críticos al gobierno sugieren que podría haber manipulación de cifras, argumentando que las desapariciones no se contabilizan adecuadamente. A la falta de un registro confiable se suma el papel de los medios de comunicación en la formación de percepciones sobre la violencia, donde la cobertura se enfoca en destacar aumentos en ciertas áreas sin resaltar disminuciones en otras. El desafío para las autoridades es comunicar efectivamente los supuestos avances en seguridad y abordar las inconsistencias en la recopilación de datos para lograr una percepción más alineada con las estadísticas oficiales. Solo con un cambio tangible y sostenido en los índices de violencia se podrá modificar la percepción pública, que actualmente está afectada por la narrativa mediática y experiencias personales de inseguridad.
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