El Congreso se encuentra en un debate crucial para decidir la aprobación de una norma que podría cambiar el acceso a la información histórica en España. Si se aprueba antes de fin de año, se permitiría la desclasificación automática de toda la documentación confidencial generada antes de 1981, siempre que no comprometa la seguridad nacional. Esta iniciativa, de ser ratificada, representaría un paso significativo hacia la transparencia gubernamental, proporcionando a historiadores, periodistas y ciudadanos un acceso sin precedentes a documentos que podrían esclarecer importantes episodios de la historia reciente del país.
No obstante, la propuesta ha suscitado opiniones divergentes en el ámbito político y social. Mientras algunos sectores aplauden la medida como un avance hacia la rendición de cuentas y una mejor comprensión del pasado, otros expresan preocupaciones sobre el posible impacto en la seguridad del Estado. La normativa estipula que solo aquellos documentos que no pongan en riesgo la seguridad nacional serían desclasificados, lo que conlleva una cuidadosa evaluación de los archivos. El debate sigue en marcha, con las miradas puestas en el Congreso y el potencial impacto histórico y político de esta decisión.
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