Con la muerte de Franco en noviembre de 1975, España experimentó una serie de cambios políticos y sociales. Uno de ellos fue el indulto que permitió la liberación de aproximadamente 900 jóvenes testigos de Jehová encarcelados durante las décadas sesenta y setenta por su objeción de conciencia al servicio militar.
Los Testigos, fieles a principios bíblicos como el de ‘no alzar espada nación contra nación, ni aprender más la guerra’, ya se habían convertido en los primeros objetores de conciencia en España desde el 1937. Ese año, fue fusilado Antonio Gargallo Mejía, el primer testigo de Jehová que rehusó incorporarse a filas. Principalmente, en las décadas de los años sesenta y setenta, una corriente imparable de jóvenes Testigos anegó las prisiones militares del país. Por su reiterada negativa al adiestramiento militar fueron encadenando condenas sucesivas, algunas de hasta 22 años, a tal grado que, en palabras de un catedrático de Derecho de la época, constituían una “diabólica cadena”.
El derecho a la objeción de conciencia fue plenamente reconocido en España con la aprobación de la Constitución de 1978, que incluyó garantías legales para esta postura en su artículo 30, que dice: “La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia”. El sociólogo Joan Estruch destacó la relevancia del papel de los testigos de Jehová en este avance social al afirmar: “El derecho que actualmente existe en España a la objeción de conciencia […] es algo que se ha logrado, fundamentalmente, gracias a los testigos de Jehová”.
En todo el mundo, la objeción de conciencia al servicio militar sigue siendo un problema en varios países, razón por la que en la actualidad hay 237 testigos de Jehová encarcelados.
