El proceso de licitación para renovar el convenio de cobertura sanitaria de Muface, que cubre a un millón y medio de funcionarios y sus familias, concluirá el próximo 27 de enero, generando incertidumbre sobre la continuidad de la atención médica para este colectivo. La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), que representa a hospitales y clínicas privadas, enfatiza que no participa en las negociaciones entre el Gobierno y las aseguradoras, pero subraya su profundo conocimiento de las necesidades asistenciales de los beneficiarios. ASPE insta a que las deliberaciones prioricen las demandadas sanitarias de los funcionarios, quienes durante cuatro décadas han preferido la sanidad privada. Esta situación, según los representantes del sector, demanda que todos los actores involucrados actúen con responsabilidad y compromiso para garantizar la salud de los mutualistas.

ASPE, preocupada por la atención a los pacientes, ha solicitado establecer una prima por mutualista que asegure el acceso a un cuadro médico completo y de calidad en todo el país. Carlos Rus, presidente de la asociación, expresa su preocupación por la falta de certezas para los pacientes respecto a su asistencia sanitaria y reafirma que sus hospitales y clínicas estarán siempre disponibles para la atención, ya sea a través de aseguramiento ordinario o de forma directa. Además, Rus destaca la importancia y el éxito a lo largo de los años del modelo de colaboración público-privada en el ámbito sanitario, el cual la ASPE considera fundamental revalorizar en el contexto de esta licitación.

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