El Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez, ha logrado cerrar un acuerdo con Bildu para reformar la polémica Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como «Ley Mordaza». Este pacto busca suprimir los aspectos más criticados de la normativa, tales como las sanciones por faltas de respeto y desobediencia, el uso de pelotas de goma en intervenciones policiales y las denominadas devoluciones en caliente de inmigrantes en la frontera. Mertxe Aizpurua, portavoz de Bildu en el Congreso, destacó que las reformas enfatizarán el respeto por los derechos humanos y el derecho internacional, ajustando la gravedad de las sanciones y eliminando la discrecionalidad en la aplicación de las mismas. Esta reforma se presenta como un significativo paso en la agenda progresista que pretende abordar los temas pendientes del mandato de Sánchez.

Sin embargo, la reforma no está exenta de controversia. Mientras que los partidos de izquierda celebran el acuerdo como un avance en derechos civiles, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, Jupol, critica duramente las modificaciones propuestas. Según Ibón Domínguez, portavoz de Jupol, la derogación de ciertos preceptos legales favorece a quienes participan en actos violentos y deja a los agentes de seguridad en una situación de vulnerabilidad, al complicar el cumplimiento de sus obligaciones frente a cometidos relacionados con el orden público. Además, Jupol vincula esta reforma con la Ley de Amnistía, acusando al Ejecutivo de Sánchez de orientar su legislación en beneficio de sediciosos y delincuentes, lo que, según el sindicato, perjudica a los ciudadanos al restringir sus derechos y libertades. Con este telón de fondo, el futuro de la reforma parece estar sujeto al escrutinio de la sociedad española y a un debate parlamentario todavía cargado de tensiones políticas.

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