El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se acogió a su derecho a no declarar contra su esposa, Begoña Gómez, ante el juez Juan Carlos Peinado en una breve comparecencia de dos minutos el pasado 30 de abril en La Moncloa. Gómez está siendo investigada por presunto tráfico de influencias y corrupción. La declaración como testigo de Sánchez, solicitada inicialmente por escrito pero rechazada por el juez, se llevó a cabo con una demora de 20 minutos debido a cuestiones técnicas y en un despacho habilitado en el complejo gubernamental. Durante la comparecencia, no se permitió a las acusaciones formular preguntas debido a la negativa de Sánchez a declarar.
Horas después de la comparecencia, la Abogacía del Estado, en nombre del presidente, presentó una querella contra el juez Peinado por presunto delito de prevaricación, argumentando que Sánchez debió haber declarado por escrito basándose en su posición de jefe de Gobierno. La querella sostiene que los hechos investigados están relacionados con su cargo, lo que hace inadecuado separarlo de su condición de presidente. Asimismo, la Abogacía denunció que las decisiones del juez carecen de un mínimo indicio que justifique las diligencias, y advirtió sobre el potencial impacto negativo que las resoluciones judiciales pueden tener en la estabilidad política del país.
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