El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido no presentar un nuevo decreto para impulsar la subida de las pensiones luego de que el Partido Popular y Junts rechazaran el decreto ómnibus propuesto por el Ejecutivo. Este decreto incluía no solo la revalorización de las pensiones para 12 millones de jubilados, sino también medidas como descuentos en el transporte público y la cesión de un palacete en París al PNV, así como un mayor control de las redes sociales. A pesar de la presión de la oposición, Sánchez ha optado por no utilizar nuevamente esta estrategia legislativa, que ha sido común durante su mandato, para implementar políticas de diversa índole. En su lugar, ha arremetido contra el PP, cuestionando su responsabilidad en el fracaso de la propuesta y manteniendo sus críticas sobre la falta de apoyo a las medidas.
La situación ha generado una reacción mixta, con el Gobierno acusando a la oposición de «causar dolor social» y el PP calificando el movimiento como un «chantaje». El decreto incluía también disposiciones para la suspensión de desahucios y mantener los suministros básicos para personas vulnerables. Ante la caída del decreto, podrían retomarse los desalojos, lo que ha sido recibido con alivio por organizaciones que defienden los derechos de los propietarios de viviendas. Además, el decreto otorgaba a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia poderes para inspeccionar redes sociales y garantizar una «mayor calidad del debate público», en una aparente respuesta a las preocupaciones del Gobierno sobre la desinformación y la influencia de los algoritmos en la polarización del discurso. Sánchez ha manifestado su intención de responsabilizar penalmente a los dueños de las plataformas por el contenido que allí se publica, en una señal clara de su firmeza en la regulación de redes sociales.
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