El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó un ambicioso plan de 15 medidas para abordar la corrupción en el país, en medio del escándalo vinculado al ex número tres del PSOE, Santos Cerdán. Durante su intervención en el Congreso, Sánchez propuso establecer «listas negras» que impidan a empresas condenadas por corrupción contratar con el Estado, así como la creación de una Agencia de Integridad Pública que centralice la supervisión de estas prácticas. Su discurso fue criticado por Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, quien exigió a Sánchez confesar su conocimiento sobre las corruptelas y convocar elecciones, arguyendo que su Gobierno se fundamenta en una «transacción corrupta».
Aunque la oposición no logró un consenso definitivo sobre la caída del Gobierno, se evidenció un creciente descontento entre sus aliados. La vicepresidenta Yolanda Díaz, por ejemplo, hizo hincapié en la necesidad de «girar a la izquierda» para transformar la situación. Críticas similares se escucharon desde ERC, Bildu y otros partidos, quienes instaron a Sánchez a actuar enérgicamente contra la corrupción y a priorizar los asuntos sociales, como el salario mínimo y las pensiones. A pesar del aluvión de críticas, el presidente defendió su gestión sosteniendo que él es «un político limpio» y que, a pesar de los errores cometidos, no consideraría dimitir ni convocar elecciones.
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