Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, ha exigido desde Bruselas que se pida disculpas a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, después de las acusaciones vertidas en su contra por el presunto caso de revelación de secretos que involucra a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Según Sánchez, García Ortiz fue acusado sin pruebas, y las recientes investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no han hallado ningún mensaje en los dispositivos del fiscal entre el 8 y el 14 de marzo, fechas clave de la supuesta filtración a la prensa de información sobre delitos fiscales. Sánchez cuestionó públicamente quién se responsabilizará de limpiar el nombre del fiscal general ahora que no se han encontrado pruebas de los cargos levantados en su contra.
En contraposición, la UCO sostiene que García Ortiz tuvo una «participación preeminente» en la difusión de información confidencial, señalando que los correos relevantes fueron enviados a su dirección personal desde la Fiscalía Provincial de Madrid minutos antes de ser incautados. Un análisis detallado de 57 páginas previamente elaborado por la Guardia Civil manifiesta que la información fue publicada en los medios antes de que el investigado fuera notificado. Sánchez ha urgido a elevar el nivel del debate público y ha pedido que aquellos que difunden acusaciones carentes de base sólida pidan disculpas y asuman sus responsabilidades. Sin embargo, las disputas sobre el posible borrado de mensajes dejan en el aire la resolución de este complejo caso, que tiene implicaciones políticas significativas.
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