La organización internacional ha señalado a España como el último país en dotarse de una estrategia efectiva contra la corrupción, resaltando la urgencia de esta medida en el marco actual. A pesar de los avances en otros aspectos de la administración pública, la falta de un plan concreto coloca al país en una posición desfavorable en comparación con sus vecinos europeos. Esta situación ha generado preocupación entre los expertos, quienes destacan la necesidad de implementar reformas profundas y estructurales para abordar el problema de manera integral y sostenida.
La entidad hace un llamamiento para evitar «interferencias políticas» en el sector público, subrayando que la independencia de las instituciones es crucial para garantizar una administración transparente y libre de corrupción. Recomienda, además, fortalecer los mecanismos de control y supervisión dentro de las estructuras gubernamentales. La advertencia llega en un momento en el que la confianza ciudadana en las instituciones está en juego, y se espera que las autoridades españolas tomen medidas decisivas para revertir esta tendencia y alinearse con los estándares internacionales de gobernanza.
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