La ponencia de la corte de garantías ha decidido respaldar los principios de la ley impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez, la cual busca regular el manejo de los procedimientos judiciales relacionados con el ‘procés’. Esta decisión llega en un momento clave, donde se busca establecer un marco legal más claro y evitar interpretaciones que generen controversia política y judicial. La corte ha optado por una postura que se alinea con la legalidad vigente, afirmando la necesidad de un marco regulador que garantice el debido proceso y respete los derechos fundamentales.
A pesar de las tensiones políticas subyacentes, la corte ha optado por esquivar las críticas relacionadas con el supuesto beneficio que la nueva legislación podría otorgar a Junts, el partido que jugó un papel crucial en los eventos del ‘procés’. La decisión de la corte refleja un intento de mantener un enfoque imparcial y legalista, centrado en los principios fundamentales del derecho más que en las dinámicas políticas. Esta resolución subraya la importancia de honrar los principios democráticos y de igualdad ante la ley, buscando un equilibrio que permita avanzar en la resolución de uno de los temas más espinosos de la política española actual.
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