Desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia del Gobierno en junio de 2018, su administración ha implementado un total de 81 incrementos fiscales y de cotizaciones, con la intención de abordar cuestiones presupuestarias y sociales. Sin embargo, su enfoque fiscal no ha concluido, ya que el Ejecutivo prevé introducir 46 nuevas medidas recaudatorias para 2025, como detalla el informe «Populismo fiscal» del Instituto Juan de Mariana. A pesar de las críticas de diversas organizaciones y el creciente descontento entre ciudadanos y empresas, Sánchez ha mantenido su postura de no ajustar los impuestos a la inflación acumulada, que ha alcanzado un 19% en su mandato. Esto ha derivado en un aumento de la carga fiscal indirecta, afectando tanto a las arcas empresariales como al presupuesto familiar.
El impacto de estas políticas no se ha limitado solamente a la aprobación de medidas específicas. El reciente acuerdo del PSOE con Sumar, que propone reformas en las leyes fiscales dirigidas a gravar sectores como el bancario, los apartamentos turísticos, bienes de lujo, y la sanidad privada, ha tenido efectos inmediatos en el mercado bursátil español. Acciones de empresas como Merlin y Colonial han experimentado caídas significativas, mientras que el índice Ibex 35 perdió más de 200 puntos. A pesar de las promesas ocasionales de alivios fiscales, el balance final ha sido desfavorable para los contribuyentes, con cada euro de alivio equiparado a 3,4 euros en ajustes fiscales. Según el Instituto Juan de Mariana, la presión sobre las economías familiares se ha traducido en un impacto aproximado de 2.200 euros por hogar, contribuyendo a que España sea uno de los países de la Unión Europea que ha registrado uno de los mayores incrementos en presión fiscal desde 2018.
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