En medio de un ambiente político tenso en España, los socios de investidura han mostrado su oposición a una operación considerada crucial, desafiando las advertencias de la Comisión Europea sobre la legalidad de bloquear dicho proceso. Estos grupos, que son clave para el gobierno, están presionando por medidas que podrían detener la transacción, argumentando que afecta negativamente a los intereses nacionales. Las divergencias internas han generado un debate significativo sobre la soberanía y el cumplimiento de las normativas europeas.
La Comisión Europea, en un comunicado reciente, ha subrayado que obstaculizar la operación sería ilegal según las leyes comunitarias. Este enfrentamiento destaca las crecientes tensiones entre Bruselas y Madrid, y plantea interrogantes sobre el futuro de las relaciones con los socios europeos. La posibilidad de enfrentarse a sanciones o consecuencias legales por parte de la UE complica aún más la situación para el gobierno español, que se encuentra en una encrucijada entre cumplir con sus compromisos nacionales y las exigencias del bloque europeo.
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