El Gobierno de España ha expresado una sólida oposición a la reciente decisión del Ayuntamiento de Madrid, liderado por el PP, de aprobar una moción de Vox que promueve informar a las mujeres sobre unos supuestos riesgos del aborto sin respaldo científico. Pedro Sánchez, desde una reunión en Copenhague, ha señalado esta medida como parte de una preocupante confluencia entre el PP y Vox, subrayando que el Ejecutivo defenderá el derecho al aborto como un derecho fundamental respaldado por la ley y el Tribunal Constitucional. El presidente ha criticado las acciones de algunas administraciones gobernadas por PP y Vox, acusándolas de desviar a las mujeres hacia clínicas privadas y obstaculizar el acceso a la sanidad pública, enfatizando el peligro de que estos movimientos socaven derechos adquiridos por decisiones ideológicas.
En respuesta a la controversia, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha rectificado públicamente, aclarando que el llamado «síndrome post aborto» no es una categoría científica reconocida y que la información proporcionada será gestionada por profesionales municipales, no por Vox. Este incidente ha desencadenado una serie de explicaciones y ajustes internos en el PP, evidenciándose los desafíos del partido para manejar la creciente influencia de Vox en temas sociales controvertidos. Paralelamente, Sánchez ha asegurado que presentará los Presupuestos Generales, aunque reconoce que el plazo legal ya ha sido incumplido, argumentando que la economía española muestra indicadores positivos y reiterando su compromiso de negociar con diversos grupos para asegurar el respaldo parlamentario necesario.
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