En una rueda de prensa ofrecida tras la controvertida condena del fiscal general Álvaro García Ortiz por parte del Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por revelación de secretos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó su descontento con el fallo, aunque mantuvo una actitud de cautela para no abrir un conflicto directo con el alto tribunal. Sánchez sugirió que el Tribunal Constitucional, que actualmente cuenta con una mayoría progresista, o incluso la justicia europea podrían revisar la sentencia, dejando claro que la posible corrección por parte del Constitucional es la única vía que contempla el Gobierno en este momento. El presidente descartó, al menos de momento, la posibilidad de un indulto al fiscal García Ortiz, y optó por referirse a las instancias judiciales superiores como posibles árbitros en la controversia generada por el fallo del Supremo.

En sus declaraciones, Sánchez lanzó críticas sutiles hacia figuras clave, incluyendo a Manuel Marchena, juez del Supremo y pieza significativa en la sentencia, al recordar incidentes pasados donde se acusaba al Partido Popular de intentar controlar la justicia. Afirmó respetar las sentencias judiciales pero defendió el derecho a expresar discrepancias en una sociedad democrática, destacando su creencia en la inocencia de García Ortiz. Sánchez confirmó que ya está en marcha el proceso para nombrar a un nuevo fiscal general, aunque el futuro de García Ortiz en su cargo aún no se había determinado. Fuentes oficiales apuntan que el Gobierno pretende designar a un sucesor con un marcado perfil progresista y capacidad para enfrentar el complejo escenario legal actual.

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