En una creciente presión dentro del Consejo Europeo, una mayoría de sus miembros está instando a que países como España, considerados rezagados en materia de cumplimiento fiscal, alcancen el 2% del PIB sin la asistencia financiera de la Unión Europea. La postura generalizada entre estos países miembros es que se debe fomentar la responsabilidad fiscal y el esfuerzo nacional, evitando la dependencia de ayudas comunitarias que podrían desincentivar el manejo eficiente de los recursos internos. La medida, que ha generado diversas reacciones en el seno de la UE, subraya la importancia de fortalecer la disciplina presupuestaria y los mecanismos de auto-suficiencia entre los Estados miembros, destacando un cambio hacia la autosuficiencia fiscal en Europa.
Por su parte, Bruselas está considerando implementar un nuevo requerimiento que obligaría a los países a obtener un aval parlamentario previo a la concesión de licencias para gastar por encima de lo estipulado por los criterios comunitarios. Esta iniciativa busca añadir una capa adicional de control y responsabilidad, asegurando que cada decisión de gasto significativo cuente con un amplio respaldo político y no solo gubernamental, lo que incentivaría procesos más transparentes y democráticos en la gestión económica de los Estados. La propuesta refleja un giro hacia políticas más estrictas y controladas, alineándose con el creciente interés de la Unión por mantener la estabilidad económica del bloque.
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