El gobierno ha reiterado su posición de ampararse en las competencias exclusivas que le otorga la Constitución para tomar decisiones cruciales sobre asuntos de estado. En particular, se ha subrayado que la determinación final de ciertas medidas relevantes recae exclusivamente en la Presidencia del Gobierno, luego de un proceso de deliberación en el seno del Consejo de Ministros. Este enfoque busca reforzar la centralidad y autoridad del ejecutivo en momentos donde se enfrentan decisiones de alta trascendencia para la nación, asegurando que el procedimiento constitucional se respete y que la toma de decisiones críticas mantenga un carácter colectivo, pero con una voz final definida.
La medida ha sido objeto de debate en círculos políticos y mediáticos, donde algunos critican el posible exceso de centralización del poder en el ejecutivo, mientras que otros defienden la claridad y coherencia que aporta seguir el marco constitucional. En sectores de la oposición, las voces se han alzado señalando la necesidad de un equilibrio que permita mayor participación en debates clave, argumentando que una perspectiva más plural enriquecería el proceso. A pesar de las críticas, el gobierno mantiene su postura, articulando que las competencias exclusivas forman parte del diseño institucional del país, creado precisamente para abordar situaciones que demanden decisiones firmes y bien deliberadas.
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