En un contexto político controversial, se acusa al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de consolidar un control excesivo sobre diversas instituciones clave, como el CNI, el CIS, el Tribunal Constitucional y medios de comunicación como RTVE y Mediaset. La crítica sostiene que estas entidades cruciales han sido ocupadas por personas afiliadas al partido socialista, supuestamente no por su capacidad profesional, sino por su lealtad política. Este proceso se describe como parte de un plan para transformar el orden constitucional en una forma de gobierno sin contrapesos, caracterizada por algunos como una «dictadura a cucharitas». Se sostiene que el pueblo español ha sido adormecido por el supuesto clientelismo del PSOE, permitiendo que estos cambios se realicen sin resistencia significativa.
El reciente asalto del Gobierno a Telefónica es presentado como un movimiento estratégico para obtener control sobre la información crítica y protegerse de investigaciones judiciales. Esta acción, junto a la entrada previa en RTVE, alimenta la narrativa de que el Ejecutivo socialista está emulando prácticas de regímenes autoritarios, con el objetivo de manipular el flujo de información y conservar el poder. Se acusa, además, a sectores empresariales y a ciertos medios de comunicación de complicidad o aquiescencia hacia estas maniobras, lo que podría contribuir a un supuesto deterioro democrático que llevaría al país hacia un modelo similar al de Venezuela. La oposición se describe como incapaz de contrarrestar estas acciones, mientras que la población, inmersa en el costumbrismo del beneplácito por subvenciones, permanece en estado de apatía.
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