Las agencias federales, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), han intensificado sus esfuerzos en contra de las libertades civiles en los Estados Unidos. Ante esta ofensiva, líderes locales buscan proteger a sus comunidades mediante la revisión de las herramientas tecnológicas empleadas en la vigilancia masiva, específicamente los lectores automáticos de matrículas (ALPR, por sus siglas en inglés). Estas herramientas son vistas por muchos como potenciales armas contra inmigrantes, disidentes políticos y otros grupos vulnerables.
Varias ciudades, entre ellas Mountain View, Los Altos Hills, Santa Cruz y East Palo Alto, junto con el condado de Santa Clara, han comenzado a cuestionar sus programas de ALPR. Existe un especial llamado a que San José siga su ejemplo, ya que esta tecnología representa un riesgo significativo para la población inmigrante y otros grupos en situación de vulnerabilidad.
Aunque los ALPR son promovidos como una herramienta de mejora de la seguridad pública, muchas voces cuestionan su verdadera eficacia y destacan sus importantes desventajas. Este sistema no solo vigila a los potenciales delincuentes, sino que permanentemente monitorea a todos los conductores, recopilando datos que pueden revelar información sensible sobre lugares de trabajo, culto o tratamiento médico de una persona. Empresas como Flock Safety almacenan esta información en grandes bases de datos, lo que permite a cualquier persona con acceso, reconstruir los movimientos de los conductores.
El problema no termina ahí. Algunas agencias de seguridad en California han utilizado estas redes de ALPR para tareas de ejecución de leyes migratorias. Además, errores en el software han permitido el acceso directo de agencias federales a estos datos, lo que infringe severamente las promesas y regulaciones legales de los proveedores.
En respuesta, las comunidades han comenzado a reaccionar. La policía de Mountain View recientemente desactivó todas las cámaras Flock después de descubrir que entidades no autorizadas habían accedido a su red. Hasta que el concejo municipal decida lo contrario, estas cámaras permanecerán sin uso. Además, localidades como Los Altos Hills y Santa Cruz han optado por cancelar sus contratos con Flock debido a preocupaciones sobre el acceso de ICE a sus sistemas.
A pesar de que en California la ley prohíbe explícitamente a la policía compartir datos de ALPR con agencias federales, se reportaron más de 75 casos de registros compartidos en el pasado. Un informe reveló que a pesar de no tener acceso directo, ICE ha utilizado estos sistemas locales, registrándose más de 4,000 casos en los que la policía realizó consultas a petición de las autoridades federales.
Uno de los riesgos más alarmantes es que la policía realiza estas búsquedas en bases de datos sin necesidad de una orden judicial. En San José, se realizan búsquedas en estos sistemas sin sospechas de delito, utilizando datos que abarcan un año y que contienen millones de registros. Tan solo el año pasado, la policía de San José ejecutó más de 261,000 búsquedas, casi 700 diarias, sin requerir orden judicial alguna.
En un esfuerzo por frenar estas prácticas, dos organizaciones sin fines de lucro, SIREN y CAIR California, junto a la Electronic Frontier Foundation y la ACLU de California del Norte, han demandado para detener las búsquedas de datos de ALPR en San José sin orden judicial. Sin embargo, consideran que esta es solo una parte de la solución; desactivar permanentemente estas cámaras sería el enfoque más efectivo.
San José enfrenta un momento crucial en su política de seguridad y privacidad. Cada día que los sistemas de ALPR continúan operativos, se acumulan datos sensibles que podrían ser utilizados para acosar a familias inmigrantes y violar libertades civiles. Los dirigentes de la ciudad deben actuar de inmediato para cerrar estos sistemas, reafirmando que la seguridad pública no debe comprometer la privacidad, la dignidad humana ni la confianza comunitaria.
