Una nueva controversia ha surgido en San Francisco con la aprobación de un proyecto de vigilancia policial financiado por el multimillonario Chris Larsen. El acuerdo, que involucra una donación de 9.4 millones de dólares, servirá para establecer un Centro de Investigaciones en Tiempo Real que trasladará el núcleo tecnológico de la policía al edificio de Ripple Labs, fundado por Larsen.
La aprobación del alcalde Daniel Lurie y la Junta de Supervisores, quienes aceptaron la donación, ha levantado críticas por la falta de transparencia en la financiación de tecnología policial. La Fundación Comunitaria de Policía, creada por Larsen, ha sido objeto de escrutinio ya que permite la compra de equipo que escapa al control público.
Las inquietudes se centran en el uso de estos centros, que recopilan datos masivos y podrían compartirlos con agencias federales. Los críticos alertan sobre el riesgo de expandir una vigilancia que podría impactar negativamente en comunidades vulnerables y aumentar la desconfianza pública.
El debate se intensifica al recordar los esfuerzos de Larsen en desviar normativas de transparencia y la preocupación de que la tecnología no reduzca efectivamente el crimen. Ciudadanos y críticos piden que la policía opere bajo estricto control público, para evitar que intereses privados erosionen la confianza comunitaria.
Ante este escenario, se alza un llamado a priorizar el bienestar ciudadano y asegurar una supervisión adecuada, planteando la duda de si la seguridad ofrecida compensa las pérdidas en privacidad y libertades civiles.
