El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego ha intensificado su confrontación con el gobierno de Claudia Sheinbaum al llevar su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Salinas Pliego ha denunciado al Estado mexicano por lo que describe como una «persecución política» en su contra, centrando su queja en las acciones del gobierno para cobrar deudas fiscales que se remontan hasta 2007. Luego de agotar todas las instancias judiciales nacionales y perder varios juicios en la Suprema Corte de Justicia que ratificaron sus obligaciones fiscales por un total de 51,000 millones de pesos, Salinas Pliego ha decidido avanzar en la arena internacional, argumentando que las medidas del Estado transgreden sus derechos humanos.
Esta acción internacional ocurre después de que Salinas Pliego anticipara previamente su intención de escalar su denuncia, tras su derrota en los tribunales mexicanos en noviembre del año pasado. La situación ha captado el interés y atención de observadores internacionales, ya que involucra no solo a una de las figuras más prominentes del empresariado mexicano, sino también a cuestiones de derechos humanos y la relación del Estado con los grandes contribuyentes. La denuncia ante la CIDH representa un nuevo capítulo en la prolongada disputa fiscal entre el magnate y el gobierno, subrayando las tensiones entre el sector privado y la administración pública en México.
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