En un giro inesperado dentro del ámbito legal, el enfrentamiento entre Ryanair y Booking.com ha encendido una acalorada discusión sobre el uso del Computer Fraud and Abuse Act (CFAA), una legislación federal destinada a combatir el hacking. La controversia radica en la posibilidad de aplicar esta ley incluso cuando se utilizan credenciales legítimas para acceder a información, según señaló el tribunal de distrito. La Electronic Frontier Foundation (EFF) ha intervenido en el caso, solicitando al Tercer Circuito que aclare que la situación se refiere a incumplimientos de políticas, no a hacking.
El conflicto se originó cuando Ryanair acusó a Booking.com de mostrar precios que debían ser exclusivos para usuarios registrados. A pesar de enviar una advertencia, Ryanair no anuló las cuentas en cuestión, lo que llevó a su posterior litigio bajo el CFAA. La EFF argumenta que extender la aplicación del CFAA a estos casos afectaría negativamente a la innovación y la competencia, al desviar el propósito original de la ley, que es combatir el acceso no autorizado que elude medidas de seguridad.
La organización recalca que, históricamente, la Corte Suprema ha enfatizado una interpretación restringida del término “autorización”, recordando el precedente de Van Buren contra Estados Unidos. Según este, el simple incumplimiento de términos de uso, como compartir credenciales, no debería ser considerado hacking.
Además, la EFF advierte que un fallo favorable a Ryanair podría afectar a investigadores, académicos y periodistas, quienes dependen de la creación de cuentas de prueba para realizar análisis y comparaciones de servicios. Un enfoque restrictivo podría convertir acciones de investigación rutinarias en potenciales delitos, limitando la capacidad para evaluar ofertas o características de manera independiente.
La EFF insta a los tribunales a seguir el camino trazado por casos anteriores y a no expandir el alcance del CFAA. La interpretación amplia de esta ley podría tener repercusiones nocivas, restringiendo investigaciones legítimas y perjudicando la transparencia y la competencia en el mercado.
