Las recientes medidas del Kremlin han generado preocupación internacional debido a su potencial para intensificar la represión política en Rusia. Entre las nuevas regulaciones se incluye la prohibición del satanismo y la penalización por buscar información sobre figuras opositoras como Navalni. A partir del 1 de septiembre, el Estado bloqueará llamadas en aplicaciones como WhatsApp y exigirá el uso del servicio de mensajería estatal, Max. Además, evitar el uso de servicios VPN no autorizados será castigado, aumentando así el control sobre la actividad digital de los ciudadanos. La salida del convenio europeo para la prevención de la tortura y la construcción de nuevos centros de detención bajo control del FSB multiplican las preocupaciones sobre los derechos humanos en el país.
La normativa también ataca la libertad de expresión al prohibir la participación de personas consideradas agentes extranjeros en eventos educativos y culturales. Librerías y editoriales que intenten vender obras de personas etiquetadas como tales perderán soporte estatal. En paralelo, el currículum escolar se modificará para aumentar la enseñanza ultranacionalista y reducirá el aprendizaje de idiomas extranjeros. Celebraciones como Halloween están en la mira, con advertencias sobre su vínculo con el “movimiento satánico internacional”, considerado extremista por el régimen de Putin. Críticos internos y defensores de derechos humanos alertan sobre el uso arbitrario de estas leyes para sofocar la disidencia y controlar aún más la sociedad rusa.
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