En la segunda entrega de la serie de la campaña «Stop Censoring Abortion», se descubre una inquietante realidad sobre cómo las plataformas de redes sociales, en particular Meta, manejan el contenido relacionado con el aborto. La Electronic Frontier Foundation (EFF) ha recopilado datos que revelan que activistas y organizaciones enfrentan la eliminación o marcado de su contenido, aunque su intención sea meramente educativa.
Un problema crítico identificado es la dificultad de aquellas personas sin contactos dentro de Meta para restaurar su contenido. Un ejemplo notable es el caso de la Red River Women’s Clinic de Minnesota, que vio suspendida su cuenta tras publicar información sobre los servicios de aborto que ofrecen, lo que afectó gravemente su capacidad para informar a los seguidores.
De manera similar, RISE, un centro de investigación de salud reproductiva de la Universidad de Emory, tuvo su cuenta de Instagram suspendida y luego eliminada al compartir contenido sobre mifepristona. A pesar de que el material respetaba las políticas de salud de Meta, el proceso de apelación fue prolongado y solo se resolvió con la ayuda de contactos dentro de la empresa.
Este fenómeno, denominado «Facebook Jail», ha infundido temor en las organizaciones, llevándolas a ser más cautelosas con sus publicaciones. La falta de transparencia y consistencia en la moderación destaca la necesidad de un proceso más justo que no dependa del conocimiento personal dentro de la plataforma. Meta ha admitido la «sobreaplicación» de sus políticas, poniendo en duda su compromiso con la libertad de expresión y el acceso a información vital.
En un contexto donde la salud reproductiva es un tema central, es crucial que las plataformas de redes sociales se reformen para fomentar un diálogo abierto y accesible, salvaguardando el acceso a información esencial de manera equitativa y transparente.
