El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha sido arrestado y extraditado a La Haya por orden del Tribunal Penal Internacional (TPI), bajo acusaciones de crímenes de lesa humanidad relacionados con su brutal campaña contra las drogas entre 2011 y 2019. Durante su mandato, Duterte llevó a cabo una violenta ofensiva contra el narcotráfico que, según grupos de derechos humanos, resultó en decenas de miles de ejecuciones extrajudiciales. En un vídeo divulgado en sus redes sociales, el exmandatario de 79 años afirmó que asume toda la responsabilidad por las acciones de las fuerzas de seguridad durante su gestión y prometió seguir sirviendo a su país. Actualmente, se encuentra bajo custodia en el Centro de Detención del TPI, donde se enfrenta a un largo proceso legal.
El tribunal internacional, conocido por juzgar las violaciones más graves de derechos humanos, sostiene que Duterte no solo permitió sino que incentivó estas ejecuciones, proporcionando armas y garantizando impunidad. La extradición ha avivado tensiones políticas en Filipinas, donde la hija de Duterte y vicepresidenta, Sara Duterte-Carpio, denuncia que la detención de su padre es un acto de «opresión política». Mientras tanto, argumenta que su arresto es parte de un complot político, acusando incluso al actual presidente Ferdinand Marcos Júnior de orquestar su detención. El Gobierno filipino, sin embargo, afirma haber cumplido con su deber internacional al cooperar con la Interpol. La audiencia inicial de Duterte ante el TPI se anunciará próximamente, aunque no se espera que deba declarar sobre su culpabilidad en esta fase.
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