El abogado internacional Robert Amsterdam, reconocido por su experiencia en derecho internacional, ha generado controversia al criticar severamente a la Agencia Tributaria Española (AEAT). En una reciente entrevista concedida a The Objective, Amsterdam alertó sobre las prácticas fiscales en España, que, según él, amenazan el estado de derecho, el emprendimiento y la inversión extranjera.
Amsterdam destacó que el modelo fiscal español ha evolucionado hacia un entorno disuasorio, con insuficientes garantías jurídicas para el contribuyente y un sistema de defensa ineficaz. El abogado estadounidense describió a la Hacienda española como una "organización coercitiva", señalando que los inspectores fiscales son incentivados económicamente por el volumen de sanciones, independientemente de que estas sean posteriormente anuladas por los tribunales.
Una de las críticas más incisivas de Amsterdam es que el contribuyente español debe pagar la totalidad de una sanción antes de tener la oportunidad de recurrirla. Esta situación, afirmó, deja a muchos ciudadanos y pequeñas y medianas empresas en indefensión.
El impacto económico de estas prácticas, según Amsterdam, es considerable. Señaló que España enfrenta una fuga de talento, desinversión y la destrucción de su tejido empresarial, ya que muchas empresas prefieren trasladarse a países con un marco fiscal más predecible. Las prácticas denunciadas por el abogado incluyen la publicación de listas de deudores antes de la resolución firme, embargos de cuentas sin audiencia previa, y la vigilancia de redes sociales.
Este sistema, bajo sospecha también en el ámbito europeo, ya ha sido cuestionado por organismos como el Tribunal de Justicia de la UE y la OCDE. Estos han señalado la falta de independencia de los tribunales españoles y han criticado el sistema de bonificaciones de la AEAT, considerándolo incompatible con la imparcialidad.
Para abordar estos problemas, Amsterdam ha propuesto ocho reformas estructurales destinadas a restaurar la confianza en el sistema fiscal español. Entre sus propuestas destacan la eliminación de incentivos económicos por sanciones, permitir recursos sin pago previo, y reconocer la presunción de inocencia del contribuyente.
La entrevista del abogado ha resonado fuertemente en medios financieros, jurídicos y empresariales. Algunos despachos de fiscalidad internacional ya han manifestado su preocupación por la inseguridad jurídica que el sistema actual representa.
Por ahora, el Ministerio de Hacienda no ha emitido declaración alguna en respuesta a las acusaciones, ni ha anunciado posibles revisiones al sistema actual. Las declaraciones de Amsterdam surgen en un contexto en el que España intenta atraer capital extranjero, especialmente en sectores estratégicos. La percepción negativa del entorno fiscal podría convertirse en un obstáculo significativo si no se abordan las preocupaciones planteadas.
Según Amsterdam, España tiene un gran potencial económico que sigue infrautilizado debido a la falta de control democrático sobre las acciones de la Hacienda. Esta situación, advirtió, podría ser un riesgo reputacional para el país en el escenario internacional.
