La administración de Donald Trump ha avanzado significativamente en su objetivo de consolidar toda la información gubernamental en una sola base de datos que se consulta mediante inteligencia artificial. Esta iniciativa, que se presenta bajo el lema de eficiencia y modernización, ha despertado serias inquietudes sobre la privacidad y el posible uso indebido de datos sensibles. Inicialmente, la información gubernamental estaba fragmentada para proteger la privacidad de los ciudadanos y prevenir el abuso de datos por parte de diferentes ramas del gobierno.
El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) ha sido el principal ejecutor de esta estrategia, accediendo a las bases de datos de numerosas agencias. Desde abril de 2025, DOGE ha acumulado una vasta cantidad de datos personales de ciudadanos estadounidenses, incluyendo información financiera, de salud e incluso direcciones IP. La Electronic Frontier Foundation (EFF) ha presentado una demanda contra la Oficina de Administración de Personal de EE.UU. y DOGE, argumentando que la divulgación de datos personales sin justificación infringe la Ley de Privacidad de 1974.
Un aspecto fundamental de esta consolidación ha sido la derogación de protecciones que anteriormente impedían el acceso indiscriminado a la información. Por ejemplo, se han ignorado leyes vigentes para que el IRS comparta información fiscal con fines migratorios. Además, un decreto ejecutivo reciente busca asegurar que todos los datos de las agencias federales estén a disposición de la Casa Blanca y otras entidades.
Este movimiento podría llevar a un abuso de poder, ya que distintas agencias recaban información para proporcionar servicios o recaudar impuestos. La preocupación principal es que estos datos se utilicen con fines ajenos a su propósito original, como la denegación de servicios de salud pública basados en registros de recursos humanos, o que las investigaciones personales influyan en la renovación de pasaportes.
Las comunidades más vulnerables corren un riesgo mayor, con la posibilidad de que sus datos sean utilizados para localizar individuos por parte de autoridades migratorias o para propósitos perjudiciales. Esta situación resuena con la pérdida de confianza en el gobierno que dio origen a la Ley de Privacidad hace medio siglo, tras escándalos de vigilancia de opositores políticos.
La consolidación de información amenaza con socavar la confianza en el gobierno. Si los ciudadanos temen que sus datos puedan ser usados en su contra, su disposición a buscar ayuda gubernamental disminuirá. La confianza entre el gobierno y la ciudadanía es vital y su erosión podría tener repercusiones irreparables a largo plazo. La EFF y otras organizaciones siguen luchando para que los datos personales sean usados y divulgados solo conforme a la ley.
