La promulgación de la Ley 8/2021 hace tres años marcó un avance significativo en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, permitiéndoles tomar decisiones sobre sus vidas con el apoyo necesario, pero sin la sustitución de su voluntad. Este enfoque contrasta con la legislación anterior que judicialmente incapacitaba a algunas personas, sustituyendo su decisión por figuras legales como la tutela. Sin embargo, a pesar de los avances celebrados por las asociaciones del sector, la implementación de la ley ha enfrentado desafíos legales y administrativos. El informe de Plena Inclusión revela que las lagunas normativas pueden traducirse en una pérdida de derechos económicos y generar inseguridad jurídica, especialmente en contextos tributarios y de seguridad social.
Los problemas derivados de la falta de adaptación de ciertas leyes, como la de Seguridad Social y el IRPF, destacan una interpretación restrictiva y generan incertidumbre para las personas con discapacidad y sus familias, poniendo en riesgo deducciones fiscales y prestaciones sociales. Además, desafíos prácticos con el acceso a productos financieros y convenios colectivos han sido reportados, complicando la integración efectiva de la normativa. Mientras que el Defensor del Pueblo reconoce estas preocupaciones y han hecho recomendaciones para evitar perjuicios, se subraya la necesidad urgente de una reforma legislativa más amplia. Plena Inclusión aboga por un cambio integral que respete el espíritu de la Ley 8/2021, asegurando que las medidas de apoyo se alineen con el modelo defendido por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, recordando que, aunque el proceso de adaptación pueda ser gradual, es esencial centrar la legislación en respetar las decisiones individuales de quienes necesitan apoyo.
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