La junta directiva de Ecopetrol, la empresa petrolera estatal más grande de Colombia, ha decidido ratificar a Ricardo Roa en la presidencia, a pesar de las acusaciones que pesan sobre él por tráfico de influencias y violaciones a las leyes de financiamiento de campañas. Durante casi dos días de intensas deliberaciones, la directiva, donde el Gobierno tiene mayoría, optó por mantener a Roa en su puesto, alegando la presunción de inocencia. La decisión ha sido deliberadamente defendida por el presidente Gustavo Petro, quien enfatizó la necesidad de estabilidad en un momento crucial para cumplir con el programa gubernamental. Sin embargo, esto ha desatado el descontento del sindicato de trabajadores, la Unión Sindical Obrera (USO), que demandó la renuncia del ejecutivo y amenazó con un paro. Este enfrentamiento destaca una inédita pugna interna, ya que el sindicato es un aliado tradicional del Gobierno.

La controversia ha desatado una serie de problemas que van más allá del entorno político. Analistas advierten que los riesgos reputacionales y financieros podrían tener implicaciones significativas, especialmente para los accionistas minoritarios, incluyendo los fondos de pensiones privados que poseen un 11,5% del capital. La reciente caída del casi 5% en la cotización de las acciones de Ecopetrol en la Bolsa de Colombia, mientras otras petroleras suben impulsadas por el aumento del precio del petróleo a nivel global, refleja la preocupación del mercado. Además, un informe elaborado por una firma legal estadounidense señala inconsistencias en la defensa de Roa respecto a sus declaraciones patrimoniales, y la SEC ha iniciado una indagación sobre la compañía. Con una asamblea programada para el viernes y la próxima imputación judicial en abril, el entorno sigue siendo tenso y la junta enfrenta la posibilidad de ser responsable patrimonialmente si se demuestra que su decisión perjudica a la empresa.

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