Reyes Maroto, portavoz del PSOE-M en el Ayuntamiento de Madrid, ha sido citada a declarar el próximo 11 de noviembre por presuntas calumnias. La acusación surge tras sus declaraciones sobre el manejo de las residencias de ancianos durante la pandemia, afirmando que miles fueron “asesinados” debido a la falta de derivaciones hospitalarias, siguiendo un “protocolo de la vergüenza” de la Comunidad de Madrid. El Juzgado de Instrucción nº 13 de Madrid ha admitido la querella presentada por el Gobierno regional, que considera que Maroto cruzó límites de la decencia política. Aunque la exministra matizó sus palabras en redes sociales, no se retractó oficialmente en el acto de conciliación.
Paralelamente, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso también ha entablado acciones legales contra Pablo Fernández, de Podemos, por sugerir que Ayuso debería “estar en prisión” por su gestión de la crisis sanitaria. Ione Belarra, secretaria general de Podemos, enfrenta otra querella tras acusar a la presidenta de una “gestión homicida y criminal” en residencias. Estas acciones reflejan la intensificación de las tensiones políticas en torno a las decisiones tomadas durante el pico de la crisis del coronavirus en Madrid. La sucesión de querellas sugiere una estrategia del Ejecutivo regional para defender su gestión frente a las acusaciones de la oposición.
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