El último Consejo de Ministros ha dado luz verde a una reforma crucial en las modalidades de jubilación que impactará significativamente a partir de abril. Con el objetivo de flexibilizar la transición al retiro y fortalecer la sostenibilidad del sistema de pensiones, esta medida elimina la necesidad de tener una carrera laboral completa para acceder a la jubilación activa. Ahora, los trabajadores que hayan cotizado un mínimo de 15 años podrán compatibilizar su pensión contributiva con ingresos laborales.
Esta transformación normativa, considerada inclusiva y accesible, supone un avance importante ante las exigencias pasadas, que requerían más de 38 años de cotización para acceder a la jubilación activa, dejando fuera a muchos trabajadores, particularmente mujeres, afectados por trayectorias laborales discontinuas. Con la nueva disposición, tanto asalariados como autónomos con 15 años de cotización podrán recibir el 50% de su base reguladora como pensión inicial, que irá incrementándose con los años que decidan prolongar su vida laboral. El esquema de crecimiento progresivo de la pensión, que llega al 100% tras cinco años, no solo mejora la renta de los trabajadores, sino que también incentiva la extensión de su actividad laboral.
En el capítulo de los autónomos, la reforma trae modificaciones significativas. Mientras que la legislación anterior permitía a esos trabajadores recibir el 100% de su pensión si tenían empleados indefinidos, el nuevo modelo establece un límite del 75%. No obstante, al fomentar la contratación de nuevos empleados indefinidos, se ofrece una vía para recuperar el porcentaje total, promoviendo así la creación de empleo estable.
Las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social para quienes permanezcan en la jubilación activa también son parte sustancial del paquete reformista. Los autónomos, por ejemplo, solo tendrán que cotizar por conceptos específicos como incapacidad temporal y accidentes de trabajo, así como un 9% por «solidaridad», mientras que los asalariados realizarán aportes similares por este último concepto.
La nueva modalidad de jubilación activa también ofrece incentivos y mejoras económicas atractivas. Los trabajadores pueden elegir entre un incremento del 4% anual en su pensión o un cheque único que varía entre 5.000 y 12.000 euros, dependiendo de distintos factores como años cotizados y salario base. A partir del segundo año en el sistema, los incentivos sufrirán una modificación trimestral, añadiendo un 2% extra cada seis meses.
El impacto de estas reformas se refleja en las estadísticas de jubilación. Desde 2018, las reformas del sistema han reducido las jubilaciones anticipadas al 29% del total y han incrementado las postergadas al 9%. Pese a que los asalariados han mostrado un interés limitado por la jubilación activa, solo con un 6,1% adoptando la opción, los autónomos han doblado su participación hasta un notable 26,4%.
Por otro lado, la reforma también introduce novedades en las jubilaciones parciales, permitiendo a los trabajadores adelantar su retiro hasta tres años antes de la edad ordinaria, siempre que cumplan con requisitos más estrictos, como la firma de un contrato de relevo y reducción de la jornada laboral en el 33% durante el primer año.
La reforma persigue claramente alargar la edad media de jubilación y asegurar la estabilidad financiera del sistema de pensiones. Con la presión creciente sobre la Seguridad Social y el envejecimiento poblacional como telón de fondo, estas medidas se postulan como esenciales para garantizar la viabilidad futura del sistema, proponiendo una adaptación a las cambiantes realidades del mercado laboral actual.
