La oficina del Fiscal General de California ha lanzado un nuevo boletín que redefine el marco de acción para las fuerzas del orden en el estado, enfocándose en el cumplimiento de la ley estatal AB 481. Esta normativa es crucial pues dicta las directrices sobre el uso, adquisición y divulgación de información vinculada al equipo militar por parte de las agencias policiales.
El reciente informe surge tras evidenciarse que el Departamento de Policía de San Francisco (SFPD) ha incumplido flagrante y sistemáticamente esta legislación. Los hallazgos muestran que el SFPD ha adquirido drones sin la autorización correspondiente, una violación directa de los protocolos establecidos, que requieren de una aprobación previa del gobierno local.
La ley AB 481 exige que las agencias policiales reciban autorización de cuerpos gubernamentales locales, como los concejos municipales o las juntas de supervisores, antes de proceder con la compra de equipo militar. Además, se enfatiza la obligatoriedad de publicar una política de uso de este tipo de equipo en sus sitios web, cubriendo aspectos como capacidades, propósitos, impactos económicos y mecanismos de supervisión y ejecución ante eventuales infracciones.
La advertencia inclina la balanza hacia el cumplimiento estricto de la normativa, especialmente en ciudades como San Francisco, donde las transgresiones han quedado al descubierto a través de registros públicos. Estos revelan que se ignoraron las advertencias por parte de funcionarios de política interna sobre la necesidad de contar con la autorización apropiada para el uso de drones y otros equipos similares.
En un paisaje nacional donde pocos estados y entidades locales han establecido regulaciones sobre la administración de tecnología y equipos militares por las fuerzas del orden, California se erige como un referente con su ley AB 481. Esta legislación busca asegurar transparencia, supervisión y control democrático de los equipos militares bajo la vigilancia de funcionarios elegidos. No obstante, la efectividad de estas normativas recae en la existencia de mecanismos de rendición de cuentas que realmente obliguen a las agencias a adherirse a las mismas.
El reto actual para el SFPD y otros organismos de orden público en California es reconfirmar su compromiso con las normativas vigentes. Es esencial que procuren las autorizaciones correspondientes, justifiquen las adquisiciones antes de realizar compras, cuenten con políticas de uso sancionadas por el gobierno local y presenten informes anuales completos sobre el equipo en uso y sus respectivos costos.
