Durante el mandato de Donald Trump, un equipo del Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos, autodenominado «Equipo Tigre», trabajó en una propuesta para reformar la sección 230 de la Ley de Comunicaciones, una pieza legislativa clave que protege la libertad de expresión en internet. Esta medida fue parte de un movimiento más amplio del mandatario en respuesta a las revisiones y verificaciones de información realizadas por plataformas digitales que lo criticaban públicamente.
Documentos, revelados gracias a una demanda de acceso a la información, muestran que los funcionarios del DOJ se encontraron sorprendidos por la naturaleza aparentemente retaliativa de la orden ejecutiva de Trump, que buscaba regular más intensamente las plataformas digitales que les ofrecían escrutinio. Específicamente, la sección 230 brinda inmunidad legal a plataformas como redes sociales respecto al contenido generado por sus usuarios, protegiendo así el derecho a la libre expresión.
La presentación formal de las enmiendas fue aplazada debido a la orden de Trump, que finalmente fue revocada bajo la administración del presidente Joe Biden después de ser impugnada en virtud de la Primera Enmienda. La Electronic Frontier Foundation (EFF) jugó un papel crucial representando a los grupos que impugnaron la directiva del expresidente y ha impulsado varias demandas para arrojar luz sobre la implementación de dicha política.
A medida que el DOJ reveló más documentación, en septiembre de 2020 se publicó una propuesta formal que pretendía limitar drásticamente las protecciones de la sección 230. La reforma habría permitido acciones civiles y penales contra plataformas si el contenido de los usuarios era reportado como ilegal, lo que posiblemente conduciría a la eliminación masiva de contenido legítimo por temor a consecuencias legales.
La propuesta también mostraba una clara intención de imponer responsabilidades sobre los proveedores de servicios que alojan contenido ilegal, consultando para ello a abogados críticos de la sección 230 y contando con la participación de la división de ciberdelincuencia del FBI.
La EFF continúa su lucha en los tribunales pues el DOJ tiene aún miles de páginas de documentos pendientes de revisión. Aunque estas actividades se originaron durante el primer mandato de Trump, su relevancia persiste hoy en día. El debate sobre la sección 230 se mantiene vivo, en un clima donde la administración actual designa a funcionarios que han mostrado inclinaciones a cuestionar a los intermediarios en línea sobre el ejercicio de sus derechos constitucionales. La EFF reafirma su compromiso de publicar toda la información que obtenga y oponerse a cualquier esfuerzo que amenace los derechos de los usuarios en la red.
