El debate sobre una nueva legislación en Chile, que busca modificar el Código Procesal Penal para sancionar la difusión de antecedentes de investigaciones reservadas, ha generado controversia en el país. Este proyecto, impulsado por un grupo transversal de senadores, pretende equilibrar la transparencia judicial y los derechos fundamentales al evitar el uso arbitrario de filtraciones en casos de alta connotación. Sin embargo, críticos advierten que esta medida puede restringir el escrutinio público y afectar la libertad de expresión al introducir barreras al ejercicio informativo y fomentar la autocensura. La preocupación se centra en si esta legislación fortalece el derecho ciudadano a la información o si, por el contrario, limita el acceso a datos relevantes y consolida un Estado paternalista que duda de la capacidad de la ciudadanía para discernir información correctamente.
En un contexto de recientes filtraciones que han revelado irregularidades en el uso de fondos públicos y tráfico de influencias, la propuesta es vista por algunos como un intento de criminalizar a los mensajeros de dichas revelaciones. En lugar de aumentar la fiscalización interna, se opta por cerrar el flujo informativo, lo cual podría transformar la democracia en un sistema donde el silencio es administrado legalmente. Expertos sostienen que la transparencia es un mecanismo fundamental en una democracia madura, y cualquier restricción a la libertad de prensa debilita la estructura democrática al crear un entorno donde el ciudadano se convierte en un receptor pasivo de versiones oficiales, reduciendo su capacidad de deliberar y participar activamente en la sociedad.
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