El conflicto entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Transportes ha escalado después de que el Gobierno central denegara una ayuda solicitada por la Junta para cubrir la gratuidad del transporte público para menores de 14 años. La decisión se fundamenta en la falta de mención explícita al Ministerio en la comunicación de la iniciativa, contraviniendo así el Real Decreto que requiere dar crédito al Estado en dichas acciones. Rocío Díaz, consejera de Fomento de Andalucía, había anunciado la medida, sin mencionar que sería financiada completamente por el Estado, desencadenando la negativa de fondos y una respuesta enérgica por parte del ejecutivo andaluz, que se siente perjudicado por lo que perciben como un trato injusto y recurrente a la región.
La situación ha intensificado las tensiones políticas, con la Junta amenazando con emprender acciones legales contra el ministro Óscar Puente y negándose a financiar la gratuidad del transporte por su cuenta si no se recibe el apoyo estatal. La portavoz de la Junta, Carolina España, subrayó la infrafinanciación y las carencias de presupuesto que enfrenta Andalucía, expresando un descontento agravado por comparaciones con otras comunidades autónomas. Mientras el Gobierno central sugiere que la Junta busque rectificar su omisión en las comunicaciones oficiales, desde Andalucía se mantiene una postura firme que desafía la percepción de parcialidad y agravio del Gobierno central hacia la región.
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