La Corte Suprema de Brasil está inmersa en un debate crucial sobre la responsabilidad de los intermediarios en Internet, enfocándose en el Artículo 19 del «Marco Civil da Internet». Iniciado bajo la jurisdicción de Dias Toffoli en noviembre pasado, el análisis evalúa la constitucionalidad de las leyes que definen cómo las plataformas digitales deben responsabilizarse por el contenido generado por los usuarios.
Hasta ahora, la mayoría de los jueces coinciden en que el régimen vigente es, al menos en parte, inconstitucional. Sin embargo, persisten diferencias en varios aspectos, como el posible establecimiento del mecanismo de «notice-and-takedown» como norma general para la responsabilidad sobre contenido de terceros. La aplicación de esta norma y el tipo de contenido susceptible a ella todavía están por definirse.
Una parte de los magistrados sostiene que debería ser necesaria una orden judicial para responsabilizar a los intermediarios por ciertas publicaciones, especialmente las que afectan al honor. Este argumento, respaldado por varios jueces, resalta la necesidad de diferenciar la responsabilidad en función de las acciones de las plataformas, incluyendo cómo manejan y promueven el contenido.
Otra discusión en la corte gira en torno a si las plataformas deben ser responsables por contenido publicitario, impulsado o publicado por cuentas inauténticas. Esto plantea un desafío legal considerable, al igual que el deber de supervisar contenido potencialmente dañino o criminal, sugiriendo la implementación de sistemas de monitoreo proactivo.
El juicio, que sigue en curso con tres magistrados aún por votar, mantiene un grado de incertidumbre sobre su desenlace. Se espera que la decisión no solo resuelva los casos actualizados, sino que también establezca una «tesis general» para futuras decisiones.
El enfoque del magistrado Alexandre de Moraes, que propone equiparar la responsabilidad de las plataformas con la de los medios tradicionales, ha generado inquietud, ya que pasa por alto diferencias fundamentales entre ambos tipos de entidades.
A medida que el proceso avanza, expertos alertan sobre los riesgos de imponer obligaciones de monitoreo amplias y legislaciones de «notice-and-takedown», advirtiendo que podrían generar mayor censura y comprometer la privacidad de los usuarios, especialmente en aplicaciones de mensajería cifrada.
Las decisiones del tribunal podrían tener un impacto duradero en la gestión de contenido en internet en Brasil y en la operación global de las plataformas, subrayando la importancia de equilibrar regulación y derechos digitales.
