Una reciente investigación ha sacado a la luz preocupantes prácticas de diversas agencias de aplicación de la ley en Estados Unidos, que han utilizado un lenguaje estigmatizante contra personas romaníes en sus búsquedas dentro de la red nacional de lectores automáticos de matrículas Flock Safety. Según datos analizados de auditorías realizadas entre junio de 2024 y octubre de 2025, estas autoridades ejecutaron cientos de búsquedas con términos como «roma» y «g*psy», en muchos casos sin tener motivos sospechosos claros.
Este lenguaje discriminatorio no solo es inaceptable, sino que pone de manifiesto cómo ciertas prácticas policiales modernas contribuyen a perpetuar el racismo anti-Roma. Utilizar términos que apuntan injustificadamente a un grupo étnico específico en operaciones policiales es reflejo de una criminalización sistémica de comunidades ya vulnerables.
Diversas agencias han realizado búsquedas relacionadas con conceptos como «estafas g*psy» y «robos romani», términos que carecen de validez legal y no son pertinentes en investigaciones criminales. Estas acciones fortalecen una deshumanización sistemática de individuos basándose únicamente en su origen étnico.
Desde 2020, el gobierno federal de EE. UU. ha reconocido oficialmente el «racismo anti-Roma», subrayando que etiquetar a este grupo como inherentemente criminal es una manifestación de racismo arraigado. Sin embargo, muchas de las instituciones implicadas han fallado en clasificar estas búsquedas como inapropiadas, lo cual destaca una deficiente supervisión interna.
Las respuestas de varios cuerpos policiales son mixtas; aunque algunos reconocen la inexactitud de su lenguaje, otros sostienen que las búsquedas estaban justificadas según las circunstancias, señalando una preocupante normalización de este tipo de lenguaje en sus protocolos. Expertos advierten que tecnologías de vigilancia, como la red Flock, intensifican el racismo y permiten que sesgos institucionales se traduzcan en prácticas discriminatorias.
Ante este escenario, se plantean desafíos urgentes, con llamados a realizar auditorías exhaustivas de las búsquedas efectuadas mediante sistemas ALPR y establecer restricciones en el intercambio de datos entre agencias para evitar abusos que afectan principalmente a comunidades históricamente marginadas.
