La reciente implicación del Gobierno en la filtración de información confidencial sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha desencadenado una investigación por parte del Tribunal Supremo que ahora apunta a las más altas esferas del poder ejecutivo. Las revelaciones indican que Pilar Sánchez Acera, jefa de Gabinete de Óscar López -director del Gabinete de Pedro Sánchez-, estaba a cargo de gestionar dicha operación desde La Moncloa. El plan inicial contemplaba que Juan Lobato, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, presentara un correo electrónico confidencial proveniente de la Fiscalía; sin embargo, Lobato se negó a participar, alegando protección legal y protocolizando conversaciones con Sánchez Acera ante notario. Ante su negativa, Sánchez Acera habría intentado transferir la información a Angélica Rubio, directora de elplural.com y miembro del Consejo de Administración de RTVE, según informaciones divulgadas por Abc.
En respuesta a las acusaciones, Juan Lobato ha negado rotundamente cualquier implicación o recepción de información filtrada por parte de Moncloa, afirmando que toda la información que posee provino de medios de comunicación. Mediante un comunicado oficial compartido en su cuenta de Skyblue, Lobato desmintió teorías conspirativas atribuidas por el Partido Popular de Madrid y aseguró que el verdadero tema de interés es la próxima declaración judicial del novio de Ayuso por delitos fiscales y falsedad documental. Asimismo, el PSOE de Madrid se ha personado en el caso para asegurar la salvaguarda de los intereses económicos de los madrileños, subrayó Lobato. Esta situación no solo implica potenciales consecuencias legales, sino que también puede reorganizar el panorama político dentro del PSOE madrileño a medida que avanzan las investigaciones.
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