El pasado sábado, el Gobierno de Estados Unidos procedió a la deportación de 238 inmigrantes venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua, una pandilla catalogada por el presidente Trump como un grupo terrorista extranjero. Los deportados fueron enviados en tres vuelos a El Salvador y actualmente se encuentran en una cárcel de máxima seguridad bajo la supervisión de las autoridades de ese país. Esta acción ha desatado polémica y planteado preocupaciones sobre la aplicación de la ley de 1798 contra Enemigos Extranjeros, utilizada por la Administración Trump para justificar las deportaciones sin garantías jurídicas. La medida se tomó a pesar de que un juez federal, James Boasberg, había ordenado suspender tales deportaciones y el regreso inmediato de los vuelos.
La situación ha producido una tensa disputa entre el poder judicial y la Casa Blanca, especialmente luego de que los aviones que conducían a los inmigrantes ya se encontraban en aguas internacionales, según declaró el gobierno estadounidense, por lo que supuestamente no estaban sujetos a la jurisdicción del juez. Algunos de los deportados tienen antecedentes penales en Estados Unidos, mientras que otros no, lo que ha alimentado aún más el debate sobre la legalidad y ética de estas deportaciones masivas. Estas acciones reflejan la política migratoria estricta del gobierno de Trump y han generado críticas tanto a nivel nacional como internacional.
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