Una empresa dedicada al desmantelamiento de fábricas en el polígono industrial de Camarma se enfrenta a una posible condena de dos años de prisión, además de una multa millonaria, tras haber sido acusada de cometer un delito medioambiental. Las autoridades han señalado que durante el proceso de desmantelamiento se llevaron a cabo actividades que contravinieron las normativas ambientales, lo que provocó un impacto negativo en el entorno. La investigación reveló que la compañía no gestionó adecuadamente los residuos peligrosos generados, y que estos fueron vertidos en terrenos adyacentes, contaminando suelos y aguas subterráneas.
El caso ha suscitado gran interés público, sumándose a una lista creciente de preocupaciones sobre el comportamiento corporativo en relación con el medio ambiente. Expertos en medioambiente han advertido sobre las consecuencias a largo plazo de estos incidentes, subrayando la importancia de implementar sanciones más severas para disuadir a otras empresas de seguir prácticas negligentes. Las autoridades locales han prometido reforzar las inspecciones y controles en el sector, con el objetivo de evitar que se repitan situaciones similares. Mientras tanto, la empresa está cooperando con las investigaciones, intentando mitigar los daños y cumpliendo con las medidas correctivas impuestas por la administración.
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