En un movimiento hacia la transparencia, la empresa Pen-Link ha acordado revelar los precios y descripciones de productos de vigilancia vendidos a la oficina del sheriff del condado de San Joaquín, California. Esta decisión marca el final de una prolongada disputa legal impulsada por la Electronic Frontier Foundation (EFF) y la propia oficina del sheriff. El caso subraya que las herramientas de vigilancia gubernamentales no deben ser mantenidas en secreto bajo la ley.
El conflicto comenzó cuando EFF solicitó información sobre la colaboración de la oficina del sheriff con Pen-Link y su subsidiaria Cobwebs Technology. Pen-Link argumentó en los tribunales que los nombres y precios de sus productos eran secretos comerciales, una medida que EFF desafió legalmente para obtener la divulgación de los registros.
Los documentos revelados indican que, a finales de 2023, se gastaron 180,000 dólares en una suscripción de dos años a la plataforma «Tangles» de Cobwebs, diseñada para monitorear actividades en línea. La oferta incluía búsquedas ilimitadas en diversas fuentes, incluyendo la «Dark Web». Aunque se ofrecieron complementos adicionales, como el «procesamiento de imágenes con IA», no fueron adquiridos.
La plataforma de Cobwebs se describe como un sistema que no solo opera en la web abierta, sino también en sus partes más recónditas, combinando datos de localización y análisis en tiempo real. Algunos medios han documentado el potencial uso de esta tecnología para vigilar a activistas y periodistas.
Además, en 2022, la oficina del sheriff compró productos más convencionales de Pen-Link, destinados al análisis de intercepciones telefónicas aprobadas judicialmente.
La transparencia en el uso de herramientas de vigilancia es esencial para que el público entienda cómo se utilizan, ya sea por gobiernos o por contratistas privados. La divulgación de información sobre estos productos y sus precios es clave para fomentar debates comunitarios informados.
Pen-Link planteó que los precios eran secretos comerciales debido a la confianza depositada por los gobiernos en la privacidad de su capacidad analítica. Sin embargo, se demostró que la información estaba ya disponible públicamente, socavando sus argumentos legales.
El caso resalta las consecuencias políticas y los riesgos a los que se enfrentan las empresas contratistas al intentar ocultar información sobre sus actividades con fuerzas de seguridad. Restringir el acceso a estos datos puede limitar el derecho a la información, un obstáculo que no todos los ciudadanos, investigadores o periodistas pueden superar sin litigar.
Este acuerdo no solo es un triunfo para la transparencia, sino que también reafirma el compromiso de la EFF en su lucha por la divulgación de información sobre vigilancia gubernamental.
