El escándalo de corrupción medioambiental en torno a Forestalia ha destapado una red de presuntas irregularidades en la tramitación de proyectos renovables en España. Según las declaraciones de funcionarios recogidas por la Guardia Civil y a las que tuvo acceso EL PAÍS, se acusa a la empresa de influir en altos cargos del gobierno central y aragonés para obtener permisos a cambio de sobornos. En particular, Eugenio Domínguez, exsubdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica, y Jesús Lobera, exdirector del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, son señalados como figuras clave. Ambos habrían manipulado procedimientos y presionado a trabajadores para favorecer proyectos de Forestalia como el Clúster del Maestrazgo, el mayor parque eólico de España. Este caso, que incluye delitos de prevaricación ambiental y cohecho, comenzó tras una denuncia de Teruel Existe.
En la trama también se menciona la venta de Forestalia del macroproyecto del Maestrazgo a un fondo danés, cuya ejecución está en duda tras la propuesta de la Fiscalía y la Guardia Civil de paralizarlo cautelarmente. Forestalia supuestamente dividió este proyecto en 22 parques para facilitar su tramitación autonómica. Según testigos, Lobera, tras presiones y relevar a dos trabajadores del INAGA que se oponían, logró finalmente que los informes ambientales fueran favorables. En paralelo, Domínguez habría gestionado los expedientes en el ministerio, recibiendo, supuestamente, grandes sumas a través de intermediarios. A pesar de las vinculaciones reveladas, la actual directora general de Calidad y Evaluación Ambiental, Marta Gómez Palenque, no ha sido implicada en el escándalo, aunque estaba al tanto de los proyectos asignados a Domínguez. La investigación sigue en curso, persiguiendo esclarecer el alcance de estos actos y sus implicados.
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