
Un informe periodístico de Noticias Caracol ha sacudido a Colombia al revelar posibles conexiones clandestinas entre el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), una facción disidente de las extintas FARC, y dos figuras prominentes de la inteligencia y el ejército colombiano. Según el reportaje emitido este domingo, el grupo armado obtuvo información confidencial del ejército a través de un general y un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Estos datos les habrían permitido escapar de operativos militares, facilitando el acceso y desplazamiento en áreas de conflicto. La investigación señala al general retirado Juan Miguel Huertas, quien fue readmitido en las filas del ejército bajo el gobierno de Gustavo Petro, y a Wilmar Mejía, director de operaciones de la DNI. Además, se mencionan iniciativas para crear una empresa de seguridad privada con miembros de las disidencias, lo que plantea interrogantes sobre la legalización de combatientes y el financiamiento de campañas políticas.
El impacto de estas revelaciones ha sido inmediato, manifestándose en diversas reacciones del ámbito político. El presidente Gustavo Petro ha salido en defensa de Huertas y Mejía, tachando los informes de falsos y atribuyéndolos a intentos de desacreditar a quienes enfrentan la corrupción en las fuerzas armadas. Sin embargo, el ministro de Defensa ha ordenado una investigación rigurosa, subrayando una línea intransigente contra la posible colaboración con criminales. En tanto, la vicepresidenta Francia Márquez ha negado categóricamente cualquier implicación con las disidencias, mientras que la fiscal general indica que está verificando los datos presentados en el informe. Líderes políticos de diversas corrientes también han expresado su preocupación y exigido transparencia, desde llamados a investigar hasta acusaciones directas contra la fiscalía. La situación reaviva el debate sobre los fallidos procesos de paz y la posible infiltración de elementos delictivos en las estructuras del estado colombiano.
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