En el condado de Johnson, Texas, ha emergido un controvertido caso que involucra el uso de datos de vigilancia para investigar un aborto, desafiando las declaraciones iniciales de los agentes locales y la empresa Flock Safety. Documentos judiciales han revelado que, a pesar de las afirmaciones de estar realizando una búsqueda de persona desaparecida, se trató en realidad de una «investigación de muerte» sobre un aborto autogestionado.

El sheriff del condado, Adam King, había negado en repetidas ocasiones la conexión de la investigación con la prohibición del aborto en Texas. Sin embargo, un affidavit del detective principal aclaró que se trataba de investigar un reporte relacionado con un aborto y se recolectaron pruebas de la mujer implicada.

La oficina del fiscal del distrito indicó que no se podía acusar a la mujer por el uso de la píldora abortiva. Esta situación ha alarmado a defensores de derechos reproductivos, planteando preocupaciones sobre el uso de lectores automáticos de matrículas (ALPR) en casos de salud reproductiva. Ante la controversia, se han iniciado investigaciones adicionales y se ha pedido prohibir el uso de datos de lecturas de matrículas en estos contextos.

Los documentos también mostraron que la investigación pública había sido manipulada, complicándose por el reporte inicial del compañero de la mujer, acusado de violencia doméstica. Este caso resalta los riesgos de la vigilancia masiva y cómo podría ser usada en contra de individuos por decisiones que deberían protegerse legalmente.

En respuesta, líderes en Illinois y California han comenzado procesos legales y legislativos para proteger los derechos reproductivos, ante las preocupaciones sobre el uso indebido de la tecnología de vigilancia.