La inspectora M. de Hacienda, quien inició una investigación contra Alberto González Amador en mayo de 2022, expuso en marzo pasado los argumentos técnicos que llevaron a denunciarlo por fraude fiscal. Las pesquisas se centraron en las declaraciones del impuesto de sociedades de las consultoras sanitarias de Amador durante 2020 y 2021, detectando un supuesto fraude por más de 350.000 euros. En su declaración de más de dos horas, detalló cómo las anomalías en las facturas y las operaciones financieras la llevaron a concluir que existía dolo, superando el umbral de los 120.000 euros defraudados al año necesario para tipificar el delito.
La jueza María Inmaculada Iglesias, tras un año de investigación, procesó a Amador por fraude fiscal y falsificación de documentos tras las declaraciones de la inspectora y de otra funcionaria. La Fiscalía solicita tres años y nueve meses de prisión, mientras que Amador ha recurrido la decisión ante la Audiencia Provincial. En un procedimiento que ha generado controversia política, se acusa al Gobierno de instrumentalizar la investigación para atacar a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque la inspectora destacó que las irregularidades en las cuentas de Maxwell Cremona fueron la base de su intervención, y no una supuesta relación personal de Amador con Ayuso.
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